Con observaciones, más de 927 mdp en el ejercicio 2016 del Seguro Popular
Morelia, Mich., 11 de julio de 2017.- Michoacán es el tercer estado que reporta diversas irregularidades por el supuesto mal manejo de los recursos financieros del Seguro Popular por debajo de Oaxaca y Estado de México, según indica el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); debajo de la entidad está Chiapas y Veracruz.
En dicho informe indica que hay un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de más de 683 millones de pesos, aunado a los más de 244 millones de pesos que están pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación en los programas que tiene el Seguro Popular.
Y es que la ASF revisó una muestra de los más de 1,810 millones de pesos, que representó el 65.5 por ciento de los 2 mil 764 millones que fueron transferidos al Gobierno de Michoacán, mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.
Lo anterior, derivó que al 28 de febrero de 2017, Michoacán no había devengado el 8.8 por ciento de los recursos transferidos por un monto de más de 244 millones de pesos y que está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa.
Asimismo, se detectó inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe superior a los 683 millones de pesos, el cual representa el 37.7 por ciento de la muestra auditada.
Esto, por préstamos realizados a otros programas, pagos realizados a personal eventual sin contrato, salidas de banco sin documentación que justifique y compruebe el gasto, entre otros. A decir de la ASF, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondiente.
Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, debido a que no se publicaron los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al igual que no se presentó evidencia del envío de los reportes a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).
De lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación señala que se determinaron recuperaciones por más de 728 millones de pesos, de los cuales 45.5 millones están en proceso de aplicación; en cuanto a los 683 millones especifica que deben ser integrados por no comprobar que todos los servicios brindados fueran destinados a la atención de los beneficiarios y falta de documentación comprobatoria y justificativa por más de 333.8 millones de pesos, por deficiencias en los contratos de personal eventual por 284 millones, por transferencias bancarias sin acreditar que fueran aplicadas en los objetivos del programa por 28 millones, por falta de evidencia documental del entero corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 24 millones de pesos.
También por pagos a personal que no se encontró desempeñando las funciones para las que fue contratado por 8.9 millones de pesos, la adquisición de medicamentos a precio superior al de referencia en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por casi 2 millones de pesos, rendimientos no transferidos a la cuenta del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) por la Secretaría de Finanzas por 1.1 millones de pesos, pagos a personal que no acreditó el perfil requerido por 166 mil pesos y por una persona que no se encontró desempeñando las actividades para las cuales fue contratado por 127 mil pesos.
Asimismo, existen más de 262.6 millones de pesos por concepto de recursos no devengados al 28 de febrero de 2017, que incluyen intereses por 18.2 millones de pesos.
Lo anterior, derivó en 13 observaciones de las cuales generaron una recomendación, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 11 pliegos de observaciones, que actualmente se están atendiendo.
Fuente: http://www.urbistv.com.mx